Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México: el control no se abolió, se redistribuyó entre el Estado, los privados y sus intereses foráneos
Esto es solo una muestra
Lo que ves aquí es la punta del archivo. Ensayos, cine, audio y contenido para adultos con mirada crítica. Todo eso y más está dentro, esperando a quien entienda que el trabajo de autor se sostiene, no se consume.
Suscríbete y accede al estudio completo.
El 16 de julio de 2025, el Diario Oficial de la Federación publicó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Un año después, el polvo legislativo se ha asentado lo suficiente para examinar lo que quedó: no una apertura, sino una reconfiguración del poder sobre el espectro, los datos y las palabras entre el gobierno, los mismos consorcios de siempre y los intereses extranjeros que han moldeado la narrativa nacional durante décadas.
La ley que se aprobó con 77 votos a favor contra 30 de PAN y PRI no es la misma que se discutió en abril de 2025. El artículo 109, aquel que abría la puerta al bloqueo temporal de plataformas digitales, fue suprimido. La oposición celebró. El gobierno dijo que escuchó. La narrativa oficial fue que la ley se había «rectificado». Pero la estructura de poder que la ley construye no se modificó con la eliminación de un artículo. Se redistribuyó.
Y en esa redistribución, los grandes consorcios privados no perdieron. Simplemente ajustaron su posición. Pero hay que decirlo con claridad: la ley también contiene elementos de soberanía informativa que cualquier nación con un mínimo de autonomía debería tener. El problema no es que existan, sino que se aplican sin contrapesos y en un ecosistema donde los privados han operado como extensiones de intereses extranjeros durante décadas.
El historial de los privados: mentir como respirar, operar como agentes foráneos
Antes de criticar la concentración estatal, hay que recordar cómo operan los dueños de la narrativa en México. TV Azteca ha sido condenada internacionalmente por manipulación informativa. En 2013, la organización Freedom House documentó cómo la televisora abierta mexicana «distorsiona sistemáticamente la cobertura de noticias para favorecer a sus intereses comerciales y políticos». No es un rumor. Es un hecho documentado.
Televisa, por su parte, construyó un imperio no solo vendiendo telenovelas, sino vendiendo versiones de la realidad. La «Ley Televisa» de 2006 no fue un accidente legislativo. Fue el resultado de décadas de cabildeo, concesiones discrecionales y alianzas estratégicas con gobiernos de todos los colores. La ley consolidó el dominio de los grandes consorcios y marginó a los actores comunitarios, independientes y sociales.
Pero hay un elemento que rara vez se menciona: estos consorcios no han sido defensores de la soberanía nacional. Han sido vehículos de intereses extranjeros. Televisa ha tenido alianzas estratégicas con cadenas estadounidenses como Univision y ha operado como plataforma de penetración cultural y política de Estados Unidos en México. TV Azteca ha sido señalada por alinearse con intereses de grupos empresariales con vínculos internacionales que poco tienen que ver con el interés nacional.
Los mismos que hoy se rasgan las vestiduras por la «censura estatal» son los que durante años operaron como filtros de la información al servicio de intereses foráneos. Cuando la ley les era favorable, callaban. Cuando el gobierno cambió, descubrieron su amor por la libertad de expresión. No es coherencia. Es estrategia.
La nueva ley no nace en el vacío. Nace en un ecosistema donde TV Azteca mintió sobre el manejo de la pandemia, ocultó información sobre contaminación en sus concesiones y ha sido señalada reiteradamente por prácticas laborales abusivas. Donde Televisa ha sido acusada de fabricar encuestas, manipular debates y convertir la información en un producto más, sujeto a las mismas reglas del mercado que cualquier detergente.
Soberanía informativa: el derecho que ningún país se niega a sí mismo
El artículo 109 fue suprimido. Pero la ley mantiene la orden de que los concesionarios no podrán transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros. Si eso ocurre, la Secretaría de Gobernación ordenará la suspensión y puede imponer multas de hasta el 5% de los ingresos de la empresa.
El argumento es la soberanía. Y es un argumento válido. Cualquier país soberano tiene el derecho de proteger su espacio informativo de injerencias externas. Estados Unidos no permite propaganda iraní en sus canales abiertos. China no permite propaganda estadounidense en sus medios. Rusia no permite propaganda ucraniana en su territorio. La pregunta no es si el Estado debe proteger su soberanía informativa, sino cómo lo hace y con qué contrapesos.
El problema no es la existencia de la regulación. El problema es que la regulación se aplica sin transparencia y sin mecanismos de supervisión ciudadana. La Secretaría de Gobernación decide qué es «propaganda extranjera» y qué es información legítima. Ese poder, concentrado en una sola dependencia, sin contrapesos, es preocupante. Pero no porque la soberanía sea censura, sino porque la discrecionalidad sin control es el caldo de cultivo del abuso.
Ramón Alberto Garza lo llamó «Ley Mordaza». Pero conviene recordar que Garza ha sido históricamente alineado con intereses de los grandes consorcios. Su crítica a la ley no es necesariamente una defensa de la libertad de expresión, sino una defensa del poder que los privados han ejercido durante décadas. La «mordaza» que él denuncia no es la que silencia a los ciudadanos, sino la que limita a los dueños de los medios.
La Agencia y la Comisión: dos caras de una misma concentración, tres dueños del espectro
El cambio fundamental de la ley es la sustitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), extinguido formalmente el 17 de octubre de 2025, por dos nuevas entidades: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
La ATDT es la nueva autoridad reguladora. Formula, aplica y supervisa políticas en el sector, el uso del espectro radioeléctrico y el acceso a infraestructura. La CRT, por su parte, es presentada como un organismo con «autonomía técnica». Pero la técnica sin independencia política es apenas un barniz. La ATDT depende del Ejecutivo. La CRT, aunque autónoma en el papel, opera en un ecosistema donde el espectro, los recursos y las concesiones pasan por una sola ventanilla.
El problema no es que exista una agencia. Es que el poder se concentra sin contrapesos, y los contrapesos que existían —el IFT, con todas sus limitaciones— han sido desmantelados. La inversión extranjera en telecomunicaciones cayó 87.7% tras la extinción del IFT. El mercado no reacciona con miedo a la regulación. Reacciona con miedo a la concentración. Cuando un solo actor —el Estado— concentra la capacidad de decidir quién entra, quién se queda y quién es sancionado, el capital se retira. No por ideología, sino por cálculo de riesgo.
Pero el capital privado tampoco es inocente. Los mismos consorcios que hoy critican la concentración estatal han operado durante décadas como monopolios de facto, con prácticas monopólicas documentadas y sancionadas en múltiples ocasiones por el propio IFT. La concentración estatal es preocupante. La concentración privada histórica es igualmente preocupante. La ley no resuelve ninguna de las dos. Las reconfigura.
Y hay un tercer actor: los intereses extranjeros. Televisa y TV Azteca no son empresas nacionales en el sentido estricto. Son corporaciones con accionistas internacionales, alianzas estratégicas con cadenas globales y líneas editoriales que frecuentemente se alinean con intereses de Estados Unidos. La ley no toca ese poder. Lo mantiene intacto. El Estado concentra el espectro no asignado. Los privados mantienen el suyo. Y los intereses extranjeros siguen operando a través de los mismos canales de siempre.
El espectro: la madre de todas las batallas, el botín de siempre
El espectro radioeléctrico es el bien más valioso que una nación posee en la era digital. Invisible, pero finito. Sin él, no hay redes móviles, no hay radio, no hay televisión. La nueva ley regula su uso, aprovechamiento y explotación. Pero el cómo es lo que importa.
La ley permite asignaciones directas al Estado sin licitación. En el mejor de los casos, acelera la cobertura en zonas marginadas. En el peor, abre la puerta a una nueva concentración disfrazada de eficiencia pública. Pero la pregunta no es solo cuánto espectro se asigna al Estado. Es también cuánto espectro sigue en manos de los mismos de siempre.
Durante años, el espectro en México se ha repartido como un botín entre unos pocos. Televisa, TV Azteca y Telmex han sido los grandes beneficiarios de concesiones discrecionales que ningún organismo autónomo pudo realmente fiscalizar. El IFT, en sus años de existencia, logró algunas sanciones, pero nunca pudo romper el núcleo duro del poder mediático.
La nueva ley no revoca las concesiones existentes. No redistribuye el espectro que ya está en manos privadas. Simplemente crea un nuevo canal de asignación para el Estado, mientras mantiene intacto el poder de los consorcios que ya tienen el suyo. No es una reforma. Es una ampliación del pastel, no una redistribución.
El Programa Nacional de Espectro 2026-2030 contempla sumar 400 MHz para redes móviles y regular bandas Wi-Fi. Pero el espectro disponible es finito. Si el Estado toma más, los privados tienen menos. Si los privados mantienen lo que tienen, los comunitarios no tienen nada. La ley no resuelve esta tensión. La administra.
El Estado como proveedor: ¿solución o nuevo monopolio en un mercado ya monopolizado?
Uno de los puntos centrales de la ley es el papel del Estado como proveedor directo de servicios de internet, a través de CFE Telecomunicaciones. La lógica es simple: llevar conectividad a donde el mercado no ha querido invertir. Y es cierto: en México, la lógica del mercado ha abandonado a millones de personas sin red.
Pero convertir al Estado en proveedor sin reglas de competencia claras es una trampa. Si el acceso al espectro y los subsidios públicos no se regulan con justicia, los pequeños operadores —cooperativas, redes locales y proyectos comunitarios— pueden ser desplazados. Un nuevo monopolio, pero con otro logo.
Sin embargo, hay que decirlo con claridad: el mercado privado ya había fracasado en llevar internet a las zonas marginadas. No es que el Estado esté desplazando a operadores eficientes. Está ocupando un espacio que los privados abandonaron por falta de rentabilidad. La pregunta no es si el Estado debe proveer internet. La pregunta es si puede hacerlo sin convertirse en un nuevo monopolio que, como los anteriores, opere sin rendición de cuentas.
El 15 de enero de 2025, al borde de su extinción, el IFT autorizó la compra de espectro a CFE. CFE y Altán retomaron la apuesta estatal por la conectividad en junio de 2026. La historia de los monopolios en México —públicos y privados— no es alentadora. La ley debería haber establecido contrapesos claros. No lo hizo.
Medios comunitarios: reconocimiento simbólico contra el poder de los grandes y sus intereses foráneos
La ley reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. Establece un régimen especial para concesiones de uso social indígena y reserva el 10% del espectro de FM para concesiones comunitarias. Es un avance simbólico. Pero el símbolo no paga facturas.
El reconocimiento en el papel no se traduce automáticamente en justicia material, especialmente cuando los grandes consorcios tienen departamentos legales enteros dedicados a impugnar cualquier concesión que les reste espectro. TV Azteca y Televisa han sido históricamente hostiles a los medios comunitarios, no por competencia económica —que no existe— sino porque la existencia de voces alternativas cuestiona su monopolio narrativo y, por extensión, su utilidad como vehículos de intereses foráneos.
Los obstáculos fiscales, burocráticos y técnicos siguen intactos. Un medio comunitario no puede sobrevivir si tiene que cumplir con los mismos requisitos que una cadena nacional. La ley prevé procedimientos simplificados y asistencia técnica, pero la burocracia estatal no es conocida por su agilidad. El INPI deberá validar el carácter de las comunidades solicitantes. Eso agrega un filtro, no lo elimina.
La pluralidad mediática no se decreta. Se financia, se protege y se defiende. La ley da un paso, pero no cruza la puerta. Y la puerta sigue siendo custodiada por los mismos que durante décadas han decidido qué se ve y qué no, muchas veces al servicio de intereses que nada tienen que ver con el pueblo mexicano.
Los derechos de las audiencias: entre la promesa y la supervisión, entre el poder y el capital
El 28 de julio de 2026, la presidenta Sheinbaum presentó los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias. Derechos como recibir información veraz, distinguir entre noticia y opinión, diferenciar publicidad de contenido informativo, ejercer réplica y garantizar accesibilidad. Suena bien. Suena a democracia.
Pero hay un detalle que no se puede omitir: los lineamientos serán obligatorios para todas las concesionarias, incluidas Televisa y TV Azteca. ¿Qué significa «información veraz» para una empresa que ha sido condenada por manipulación informativa? ¿Qué significa «réplica» para un consorcio que ha silenciado sistemáticamente a sus críticos?
La supervisión recae en la misma Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que depende, en última instancia, del mismo poder que designa a sus integrantes. El riesgo no es que se proteja la soberanía informativa, sino que la protección se convierta en un instrumento de control sin contrapesos.
Pero hay que decirlo con la misma fuerza: los privados han definido la «verdad» durante décadas sin que nadie los supervise, y lo han hecho frecuentemente alineados con intereses extranjeros. La diferencia es que ahora el definidor es el Estado, no el mercado. Ambos son problemáticos si operan sin transparencia. La ley no resuelve el problema. Cambia de dueño, pero no elimina la discrecionalidad.
Seguridad nacional: soberanía legítima, aplicación peligrosa
El artículo 109 fue suprimido. Pero la ley mantiene la orden de que los concesionarios no podrán transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros. La pregunta no es si el Estado debe proteger su soberanía informativa. La pregunta es cómo lo hace y con qué mecanismos de control.
La soberanía informativa es un derecho de cualquier nación. Estados Unidos no permitiría propaganda iraní en sus canales. China no permitiría propaganda estadounidense. Rusia no permitiría propaganda ucraniana. México tiene el mismo derecho. La crítica no puede ser a la existencia de la regulación, sino a su aplicación sin contrapesos y a la concentración del poder de decisión en una sola dependencia.
El problema no es que se prohíba la propaganda extranjera. El problema es que la Secretaría de Gobernación decide qué es «propaganda» y qué no, sin mecanismos de supervisión ciudadana, sin participación de la sociedad civil y sin la posibilidad de que los afectados puedan impugnar la decisión. Eso no es soberanía. Es discrecionalidad. Y la discrecionalidad sin control es el caldo de cultivo del abuso.
Pero también hay que señalar que los grandes consorcios privados han sido históricamente vehículos de propaganda extranjera encubierta. Televisa ha operado como plataforma de penetración cultural estadounidense. TV Azteca ha alineado sus líneas editoriales con intereses de grupos empresariales internacionales. La ley no toca ese poder. Lo mantiene intacto. El Estado puede bloquear propaganda explícitamente extranjera, pero no puede bloquear la influencia sutil y constante que los grandes consorcios ejercen al servicio de intereses foráneos.
La «seguridad nacional» nunca fue invocada para frenar a los privados. La «libertad de expresión» nunca fue un escudo contra sus prácticas monopólicas. La ley no es un instrumento contra los privados. Es un instrumento que puede ser usado contra cualquiera que el poder —estatal o privado, según la alianza del momento— decida silenciar.
El océano propio y la ley ajena
Plétora no compite en el mar rojo de los medios masivos. No pide concesiones, no negocia espectro, no depende de la publicidad oficial. Opera con infraestructura propia, identidad visible y sin algoritmos. Pero eso no significa que la ley no le afecte.
La ley define el entorno en el que Plétora existe. Define quién puede transmitir, quién puede ser sancionado y quién decide qué es información. La concentración del espectro y la regulación de contenidos no son problemas abstractos. Son las condiciones materiales que moldean lo que se puede ver, oír y decir en México.
La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión no es una reforma. Es una reconfiguración del poder sobre el espectro, los datos y las palabras. No resuelve la concentración: la redistribuye entre el Estado, los mismos consorcios de siempre y los intereses extranjeros que operan a través de ellos. No amplía la pluralidad: la redefine bajo nuevas reglas. No protege la libertad de expresión: la condiciona, ya sea por el Estado o por el capital, sin contrapesos claros.
El problema no es que la ley exista. El problema es que exista sin contrapesos, sin transparencia y sin la posibilidad real de que los ciudadanos participen en su aplicación. La ley se aprobó con prisas, se modificó con gestos y se aplicará con discrecionalidad. Y los privados, lejos de ser víctimas, son arquitectos de este sistema y vehículos de intereses foráneos.
La soberanía informativa no es censura. Es el derecho de cualquier nación a proteger su espacio público de injerencias externas. El problema es cuando ese derecho se ejerce sin contrapesos, sin transparencia y sin participación ciudadana. Y cuando los mismos que han operado como agentes de intereses extranjeros durante décadas se presentan como defensores de la libertad de expresión.
Plétora no pide permiso. Pero sabe que el permiso es lo que otros están dispuestos a conceder. Y eso, precisamente, es lo que esta ley regula: quién concede, quién recibe y quién es silenciado. La diferencia es que ahora hay un nuevo jugador en el tablero. Y el tablero sigue siendo el mismo.
Descubre más desde Plétora Network
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
