Reforma no fue progreso para todos. La Ley Lerdo desamortizó las tierras comunales y sembró el resentimiento que aún hoy estalla en el campo mexicano.

Hay una escena que se repite cada vez que alguien toca el nombre de Juárez. En una mesa familiar, en un aula, en un comentario de redes, alguien dice «el Benemérito» y otro responde «el que despojó a los pueblos». No es un debate académico. Es una pelea visceral, una histeria que brota de una fractura no resuelta: la fractura entre el México liberal que cree en el progreso individual y el México comunal que defiende la tierra como bien colectivo. Janus se asoma a esa grieta para preguntar: ¿por qué nos duele tanto que nos toquen a Juárez?

No es por Juárez. Es por lo que Juárez representa: la ilusión de que el progreso puede construirse sobre el despojo de los más pobres. Una ilusión que nos permite venerar al héroe sin mirar a las víctimas de sus leyes.

México, a mediados del siglo XIX, era un país devastado por décadas de guerras: la Independencia, la guerra contra Texas, la guerra contra Estados Unidos, la pérdida de más de la mitad del territorio. La economía estaba en ruinas. La Iglesia católica seguía siendo la mayor terrateniente del país, con enormes extensiones de tierra en manos muertas. Los liberales, inspirados por la Ilustración y el liberalismo europeo, pensaban que el atraso se debía a dos obstáculos: la Iglesia y las corporaciones civiles, incluyendo a las comunidades indígenas. Para ellos, la solución era clara: había que poner esas tierras en el mercado, crear una clase de pequeños propietarios, fomentar la agricultura capitalista. El progreso exigía romper con el pasado colonial.

En 1856, el gobierno liberal de Ignacio Comonfort promulgó la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, conocida como Ley Lerdo, por el ministro de Hacienda Miguel Lerdo de Tejada. La ley ordenaba que todas las propiedades corporativas —de la Iglesia, de las comunidades indígenas, de los ayuntamientos— pasaran a manos de particulares. Los arrendatarios tendrían preferencia para comprarlas. El objetivo declarado era crear una clase media rural. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Los pueblos indígenas no tenían dinero para comprar las tierras que trabajaban. Los arrendatarios ricos, los hacendados vecinos, los especuladores, fueron los que compraron. Y los indígenas, que habían poseído esas tierras de forma comunal durante siglos, se quedaron sin nada. Peor aún: la ley los obligaba a vender sus tierras comunales si no podían demostrar título individual de propiedad. Y como la propiedad comunal no era reconocida por el derecho liberal, la mayoría no pudo demostrar nada.

Los liberales creían que la propiedad comunal era un obstáculo para el progreso. Pensaban que el indígena, al ser dueño de la tierra de forma colectiva, no tenía incentivos para producir más. Era una visión paternalista y racista: el indígena era visto como un menor de edad, incapaz de progresar por sí mismo, que necesitaba ser «civilizado» por el mercado. Esa mentalidad, aunque venía de hombres que luchaban contra la opresión clerical, reproducía la lógica colonial: el indígena era un problema a resolver, no un sujeto con derechos.

Juárez no fue un espectador pasivo. Como gobernador de Oaxaca primero, y como presidente después, aplicó la Ley Lerdo con convicción. Estaba convencido de que la propiedad privada era la base del progreso y de la ciudadanía. Para él, el indígena debía convertirse en pequeño propietario, en ciudadano con derechos individuales, no en miembro de una comunidad corporativa. Era una visión liberal, moderna, pero también profundamente destructiva para las formas de vida comunal que habían sostenido a los pueblos durante milenios.

La desamortización no solo despojó a los indígenas de sus tierras. También destruyó sus gobiernos comunales, sus sistemas de ayuda mutua, sus fiestas, sus rituales. Porque la tierra no era solo un medio de producción: era el fundamento de la vida comunitaria. Sin tierra, no había comunidad. Sin comunidad, no había resistencia. El liberalismo, sin proponérselo, hizo el trabajo que la Colonia no había podido completar: desarticular a los pueblos indígenas como sujetos colectivos.

La desamortización no fue pacífica. Provocó la Guerra de Reforma (1858-1861), un conflicto civil brutal entre liberales y conservadores. Los liberales ganaron, pero el país quedó devastado. Luego vino la intervención francesa (1862-1867) y el imperio de Maximiliano, que aprovechó la división para intentar imponer un gobierno monárquico. Juárez, con apoyo popular y diplomático, resistió y derrotó al imperio. Fue su momento más glorioso: el presidente indígena que derrotó a la potencia más poderosa del mundo. Pero la victoria militar no resolvió el problema de la tierra. Al contrario: la desamortización continuó, y con ella, la concentración de la propiedad. Para finales del siglo XIX, durante el Porfiriato, la desigualdad agraria alcanzó niveles obscenos. En 1910, el 1% de la población poseía más del 90% de la tierra cultivable. Las haciendas porfirianas eran enormes latifundios donde los peones trabajaban en condiciones de semi-esclavitud, con tiendas de raya que los endeudaban de por vida.

Y aquí viene la conexión directa con el presente: el despojo de la Reforma no solo creó pobreza; creó resentimiento. Los pueblos indígenas y campesinos que perdieron sus tierras en el siglo XIX fueron los mismos que se levantaron en armas en la Revolución Mexicana de 1910. Zapata en Morelos, Villa en Chihuahua. El Plan de Ayala de 1911 exigía la restitución de las tierras usurpadas. La Constitución de 1917 consagró el derecho a la tierra en su artículo 27. Pero entre el papel y la realidad, ya sabemos, hay un abismo. En 1992, Salinas de Gortari reformó el artículo 27 para privatizar los ejidos. El despojo, con otro disfraz, siguió su marcha. El ciclo no se cerró; se recicló.

La desamortización no fue exclusiva de México. En España, las leyes de desamortización de Mendizábal (1836) y Madoz (1855) hicieron lo mismo con las tierras de la Iglesia y de los municipios, y beneficiaron a los ricos. En Inglaterra, los enclosures habían expulsado a los campesinos de sus tierras comunales siglos antes. En Rusia, la emancipación de los siervos en 1861 no les dio tierra suficiente, y sembró la semilla de la Revolución de 1917. En toda Europa y América, el liberalismo agrario despojó a los campesinos para crear un mercado de tierras. México no fue una excepción; fue un caso más de un fenómeno global. Pero en México, el despojo se mezcló con el racismo y la colonialidad. Porque los despojados no eran solo campesinos pobres: eran indígenas. Y la ideología liberal del siglo XIX veía al indígena como un obstáculo para el progreso. Esa mezcla de despojo económico y desprecio racial es lo que hace que la herida sea tan profunda y tan difícil de cerrar.

Hoy, la figura de Juárez sigue siendo un campo de batalla. Para la izquierda institucional, es el padre del Estado laico, el defensor de la soberanía, el símbolo de la resistencia. Para los pueblos indígenas, es el hombre que firmó las leyes que los despojaron. Ambas lecturas son ciertas, y ambas son parciales. Juárez fue un hombre de su tiempo, con luces y sombras. Reconocerlo no es traicionar su memoria; es hacerle justicia a la complejidad de la historia.

Amar a Juárez no es negar sus sombras. Es entender que luchó contra el imperio y la Iglesia, pero también que firmó leyes que despojaron a los pueblos. La hispanidad nos enseñó que valíamos poco; el liberalismo del siglo XIX nos enseñó que valíamos poco pero podíamos redimirnos si abandonábamos lo que éramos. Ambas narrativas sirvieron para justificar el despojo. Sostener la contradicción sin romperse es el primer paso para dejar de ser histéricos. Porque los héroes también tienen sombras, y reconocerlas no es traicionarlos; es hacerles justicia.