¿Y qué tal si la propiedad PRIVADA no nos protege, sino que nos divide?

Propiedad privada: el miedo que nos venden para que no miremos el suelo

En 2024, una campaña viral aseguró que Morena había eliminado la propiedad privada. Se hablaba de un supuesto «Artículo 139« que no existe —la Constitución mexicana tiene 136 artículos, no 139— y se difundieron mensajes alarmistas sobre un futuro confiscatorio, comunista y totalitario. Nada de eso ocurrió. La reforma constitucional de la Ciudad de México, publicada en septiembre de 2024, lo que hizo fue equiparar la defensa de la propiedad privada con la propiedad pública y social, homologándola con el artículo 27 de la Constitución federal. La propiedad privada sigue intacta. Pero el miedo ya estaba sembrado.

Ese miedo no fue un accidente. Fue un dispositivo. Y funcionó.

Ahora, en 2026, la historia se repite. La jefa de Gobierno Clara Brugada presentó una reforma constitucional para combatir la gentrificación y garantizar el derecho a la vivienda, con medidas como el tope a las rentas y la creación de una Defensoría Inquilinaria. La respuesta del PAN fue inmediata: «un ataque directo a la propiedad privada, a la libertad económica y hasta al sentido común». El vicecoordinador panista Diego Garrido la calificó de «comunista» y advirtió que «controlar precios no baja las rentas, desaparece la vivienda». Morena respondió que «es mentira que se vulnera la propiedad privada» y acusó a la oposición de «defender la gentrificación» y «privilegios».

El patrón es idéntico al de 2024. Se activa el miedo, se desvía el foco, y mientras tanto, el verdadero problema sigue intacto: la concentración del poder territorial en manos del capital inmobiliario.

Porque mientras se debate si una reforma «atenta» o no contra la propiedad privada, los desalojos no cesan. Entre julio y octubre de 2025 se registraron alrededor de 2,600 quejas por despojo en la Ciudad de México, una cifra que se acerca a las 3,300 reportadas durante todo 2019. En 2025 se registraron más de 2,621 casos de despojo, un crecimiento de al menos ocho puntos porcentuales respecto a 2024. El Mundial de 2026 ha acelerado la especulación: vecinos de colonias como Popotla, Xoco y comunidades cercanas al Estadio Azteca denuncian despojo territorial y acaparamiento de agua.

Los casos concretos son brutales. En el Edificio Isabel, en Tacubaya, la Fundación Mier y Pesado —una institución de asistencia privada, irónicamente— ha desplazado a al menos cinco familias desde la Navidad de 2025 mediante un «desalojo silencioso»: encarecimiento de rentas de al menos 10%, falta de renovación de contratos y correos que dan 30 días para desocupar. «Dicen que el contrato no se renueva, pues van a remodelar las casas y convertirlas en dúplex. La idea es sacar un mayor ingreso de estas casas al echar a todas las personas», relata una vecina. El mismo proceso ocurrió en el Edificio Ermita, donde más de 20 familias fueron desalojadas en 2020, en plena pandemia, y las rentas pasaron de 2,000-10,000 pesos mensuales a 12,000-30,000.

En el Centro Histórico, los habitantes de República de Cuba 11 denunciaron haber sido expulsados violentamente de 19 departamentos y ocho locales en agosto de 2025. Mantienen un campamento frente al predio y acusan una «fuerte cooptación» del sector inmobiliario sobre el Poder Judicial, el Congreso local y la mayoría parlamentaria de Morena.

El «cartel inmobiliario» no es una metáfora. Es una estructura de poder que opera con impunidad en alcaldías como Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde la mancha gentrificadora se ha extendido y los nuevos proyectos inmobiliarios confrontan a inversionistas y pobladores. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, impulsado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, fue denunciado por colectivos como un instrumento que «centraliza decisiones y favorece intereses inmobiliarios». La consulta pública, que debía concluir en febrero de 2026, se extendió hasta abril bajo el argumento de «ampliar la participación«, pero la exclusión de amplios sectores del pueblo trabajador y de los pueblos originarios fue la constante. Las marchas bajo la consigna «No nos preguntaron» lo dejaron claro.

Y aquí está el punto que la desinformación sobre la propiedad privada quiere que olvidemos: la ciudad no es un terreno neutral. Es un espacio donde el capital organiza el territorio y define el rumbo en función de sus intereses. Mientras se debate si el tope a las rentas es «comunista» o no, la construcción pública de vivienda cae: durante los primeros cuatro meses de 2025 se edificaron 527 viviendas en la CDMX; para el mismo periodo de 2026, la cifra cayó a 183 unidades, una disminución del 65%. Las rentas, mientras tanto, subieron 9.6% anual en el primer semestre de 2026.

La propiedad privada no está en peligro. Lo que está en peligro es la posibilidad de vivir en la ciudad que habitamos.

En Plétora Studio, dentro del espacio de Y qué tal si… en Plétora Radio, hemos hablado de esto desde otro ángulo: la propiedad no es solo un derecho jurídico, es una disputa simbólica por el sentido del espacio, la memoria y el futuro. El miedo que se activa cuando se menciona la propiedad social o pública no protege a los pequeños propietarios; protege a los grandes capitales que lucran con el despojo. Porque el verdadero peligro no es que el Estado te quite tu casa. El verdadero peligro es que un fondo de inversión, una fundación «benéfica» o un desarrollador te la quite mientras todos discutimos si una reforma es comunista o no.

La desinformación no solo confunde: instala sospechas duraderas, contamina el debate público y sabotea cualquier intento de transformación estructural. Como una especie de «incepción del mal», la idea fue sembrada, amplificada y luego abandonada sin seguimiento ni rectificación. En 2025, el reto no es solo desmontar las mentiras del pasado, sino construir narrativas que dignifiquen el territorio, la memoria y la comunidad. La propiedad no puede seguir siendo un privilegio blindado por el miedo. Debe ser una herramienta de justicia, de pertenencia y de defensa colectiva.

Porque mientras nos distraen con el señuelo de la propiedad, el suelo de la ciudad sigue cambiando de manos. Y nosotros, como siempre, mirando el dedo que señala la luna.