¿Y qué tal si miramos a Claudia Curiel desde sus grietas y sus horizontes?

Claudia Curiel: entre logros y tensiones, tres años después

A poco más de tres años al frente de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza encarna la contradicción central del Estado cultural mexicano: un pie firme en la innovación y la inclusión, otro atrapado en las inercias de la precariedad y el centralismo. Su llegada desde la gestión independiente fue más que un nombramiento técnico: fue un gesto disruptivo, casi una bofetada simbólica contra el elitismo burocrático que por décadas ha definido la política cultural. Y sí, los primeros pasos parecían demostrar que otra cultura sí era posible. Se amplió el presupuesto, se trazaron programas con perspectiva de género y territorialidad, y por primera vez en mucho tiempo, las narrativas oficiales comenzaron a mirar hacia comunidades indígenas y afromexicanas con intención reparadora. Pero lo que se celebra como avance es también prueba de un vacío estructural: la cultura como terreno en disputa, no como política consolidada.

El lanzamiento del MIAA, con 500 millones de pesos destinados a mujeres indígenas y afromexicanas artesanas, los estímulos renovados en cine y artes mediante EFICINE y EFIARTES, y el reconocimiento de Acapulco como sitio de memoria por la UNESCO, son logros concretos que buscan saldar deudas históricas. La reapertura de salas en el Museo Nacional de Antropología con narrativas incluyentes, y el impulso a brigadas culturales en zonas vulnerables, refuerzan una visión que entiende la cultura como herramienta de paz y cohesión social. Incluso el proyecto Chapultepec, con toda su magnitud presupuestal, ha comenzado a activarse con programación escénica y comunitaria, bajo la promesa de descentralizar el acceso a la infraestructura cultural.

Sin embargo, todo programa sin base sólida corre el riesgo de volverse efímero, un aplauso breve en el gran teatro de la política cultural. El impulso de Curiel es indiscutible, pero la precariedad institucional acecha como telón de fondo. Las grietas son imposibles de ocultar. Recortes de hasta 45 % en instituciones clave como el INAH han golpeado no solo la infraestructura, sino también a los trabajadores culturales que sostienen museos, archivos y espacios de memoria. El famoso «Capítulo 3000» sigue siendo un mecanismo de explotación encubierta: contratos temporales que convierten a creadores y gestores en piezas descartables. Y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido su eliminación, la espera prolonga un desgaste que erosiona cualquier narrativa de justicia cultural.

Más allá de lo laboral, las disputas por el patrimonio revelan la fragilidad estatal. El caso Yalalag contra Adidas expuso cómo la apropiación cultural sigue normalizada, con un Estado que parece más observador que garante. La ausencia de una Ley robusta de protección al patrimonio indígena, y la falta de respuesta institucional ante casos como este, evidencian que el reconocimiento simbólico no siempre se traduce en defensa efectiva. La cultura, como campo de poder, se juega también en quién decide qué merece inversión y qué se queda en el margen. Y ahí, el Estado aún muestra más límites que certezas.

Curiel, con su sensibilidad de gestora independiente, ha abierto diálogos inéditos y articulado esfuerzos comunitarios. Las diez mesas de consulta realizadas en enero de 2025 en distintos puntos del país —de Guadalajara a Xalapa— mostraron una voluntad de escucha que contrasta con el hermetismo de administraciones anteriores. Pero su gestión también desnuda la dependencia excesiva de las voluntades personales frente a la ausencia de un Programa Sectorial sólido y un Plan Nacional de Cultura que marque una ruta de largo aliento. La cultura no puede sostenerse solo en carisma político; necesita garantías institucionales, laborales y presupuestales que trasciendan sexenios.

La paradoja es clara: mientras se multiplican los gestos de inclusión, persiste la estructura que reproduce exclusiones. Y esa tensión no se resuelve con símbolos, sino con reformas profundas. La cultura es memoria y lenguaje, pero también es terreno de poder, y ahí es donde el Estado aún debe aprender a habitar con responsabilidad. Curiel ha demostrado que es posible gobernar con sensibilidad, pero también ha revelado que sin estructura, el gesto se agota.

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A tres años, el balance es más complejo. Los números oficiales que Curiel presentó en octubre de 2026 son ambiciosos: 32% de crecimiento en la oferta cultural, 520 mil actividades en los 32 estados, 50 millones de asistentes, 1,850 millones de pesos invertidos en la renovación de escuelas artísticas —una cifra que, según la propia secretaria, no se veía en 40 años—, 45% de aumento en apoyos a la creación (de 1,840 a 2,658 millones de pesos), y 180 mil artistas beneficiados directamente. La eliminación de cuotas de inscripción en las escuelas del INBAL, INAH y CCC, junto con el incremento del 250% en la matrícula del Centro de Capacitación Cinematográfica, son medidas concretas que transforman el acceso a la formación artística. Se recuperaron 5,686 piezas arqueológicas en dos años, y se destinaron 524 millones de pesos al mantenimiento de 74 zonas arqueológicas y 34 museos. Los artesanos acompañados pasaron a 127,830, un 48% más que en 2025, con las tiendas FONART expandiéndose de 3 a 13 puntos de venta. El Circuito Nacional de Festivales por la Paz suma 200 festivales gratuitos en las 32 entidades, con una inversión de 500 millones de pesos en coinversiones.

Pero el presupuesto no miente. El Paquete Económico 2026 proyectó 13,097 millones de pesos para la Secretaría de Cultura, una caída real de 17.1% respecto a 2025. Las organizaciones culturales —Fundar, entre ellas— denunciaron que, incluso tras la reasignación de 1,985 millones de pesos por la Cámara de Diputados, el sector alcanzará 15,082 millones, lo que sigue representando una reducción de 4.57% en términos reales. La cultura representa apenas 0.13% del gasto público total, cuando la Carta Cultural Iberoamericana recomienda al menos 1%. Desde la creación de la Secretaría en 2015, el presupuesto ha caído 32% en términos reales: de 19,248 millones en 2017 a los 13,097 propuestos para 2026. El INAH perdió más de 1,200 millones de pesos en el recorte, y el INBAL cerca de 943 millones.

Y las consecuencias de esa contradicción se sienten en la calle. En enero de 2026, más de un centenar de trabajadores de 12 organizaciones sindicales —Sindicato Nacional de Cultura, Sindicato Nacional de Restauradores del INAH, Sindicato Nacional de Arquitectos y Conservación del Patrimonio Cultural— se manifestaron frente a las oficinas de Arenal 40. Exigían una reunión con Curiel para exponer adeudos de prestaciones de diciembre, falta de insumos básicos en inmuebles y recintos, y un recorte presupuestal que afecta específicamente al personal de base, mandos medios y personal de estructura. “A pesar de que hubo un incremento para el INAH y para el INBAL, el sector central no recibió aumentos”, declaró Ximena Rojas, secretaria general del Sindicato Nacional de Restauradores del INAH. El “Capítulo 3000” —los contratos temporales que convierten a creadores y gestores en piezas descartables— sigue siendo una herida abierta: la Asamblea General de Trabajadores No basificados del INAH denunció que alrededor de mil profesionales viven en precarización laboral.

El caso de la Colección Gelman añadió otra capa de desconfianza. La entrega en comodato de la colección a la Fundación Santander desató acusaciones de falta de transparencia y encendió las alarmas sobre una posible privatización encubierta del patrimonio. Curiel respondió con firmeza: “Es mexicana, no se vendió”. Pero en un contexto donde el presupuesto se recorta año tras año, cualquier movimiento que involucre capital privado genera sospecha. La cultura, una vez más, queda atrapada entre la necesidad de recursos y el miedo a perder lo que le queda.

¿Y los nuevos marcos normativos? La reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Derecho de Autor que reconoce a intérpretes y ejecutantes de doblaje frente al uso indebido de su voz mediante IA es un avance real, y la publicación de la Ley Federal de Cine y el Audiovisual promete fortalecer la exhibición nacional. Pero ninguna ley compensa un presupuesto que se desangra. La inversión en escuelas —1,850 millones de pesos— es histórica, pero no puede convertirse en el árbol que oculta el bosque de un sistema cultural que sigue operando con contratos precarios, insumos insuficientes y trabajadores que protestan por adeudos mientras los funcionarios presentan cifras de crecimiento.

En Plétora, esta revisión no pretende clausurar el debate ni reducirlo a una balanza de “logros vs. fracasos”. El punto es reconocer que la cultura se habita, se disputa y se transforma; no se administra desde la lógica de cuotas ni desde presupuestos simbólicos. Curiel abrió caminos, sí, y tres años después hay resultados medibles: escuelas renovadas, estímulos ampliados, patrimonio recuperado, artesanos acompañados. Pero el futuro dependerá de si esos senderos se convierten en estructuras que sostengan a quienes crean, resisten y mantienen viva la diversidad cultural. Porque la cultura no es ornamento: es tejido, es conflicto, es posibilidad. Y hoy, más que nunca, es también una pregunta incómoda que el Estado sigue sin responder: ¿qué tan dispuestos estamos a pagar por ella? Los números dicen que no mucho. Las calles dicen que hay quienes están dispuestos a pelear por lo poco que queda.