Medicamentos secretos: PSOE y SUMAR blindan los precios por la puerta de atrás

Medicamentos financiados con dinero público tendrían precio secreto si sale adelante la enmienda que PSOE y SUMAR han colado en una ley sobre discapacidad, justo cuando el Tribunal Supremo iba a decidir si deben ser transparentes.

La jugada es tan burda que cuesta creer que haya pasado los filtros de vergüenza política. PSOE y SUMAR han presentado una enmienda para convertir en secreto permanente el precio real de los medicamentos que paga la sanidad pública. Y no, no lo han hecho en una ley sobre medicamentos, que sería lo lógico. La han colado en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad. Sí, has leído bien: una norma pensada para proteger a un colectivo vulnerable se convierte en el caballo de Troya que blindaría la opacidad del gasto farmacéutico. El momento elegido tampoco es casual: el Tribunal Supremo estaba a punto de resolver si esos precios deben ser públicos, después de los recursos presentados por Civio.

La justificación de la enmienda, disponible para quien quiera leerla, es de una honestidad brutal. Habla textualmente de «el riesgo de que una interpretación judicial restrictiva obligue a divulgar precios efectivos». Esa «interpretación judicial restrictiva» no es una hipótesis abstracta: son las sentencias favorables que Civio ha ido cosechando y los recursos de casación que el Supremo acaba de admitir. El Gobierno lo pone por escrito: cambiamos la ley para que los jueces no puedan obligarnos a contar la verdad. La estrategia es tan clara que da casi vergüenza ajena.

Lo más grave es cómo se ha hecho. La enmienda 259 no pasará por la Comisión de Sanidad, que es donde debería debatirse cualquier modificación de la legislación farmacéutica. Se tramita directamente en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, dentro de un proyecto de ley con amplio consenso social. Así se evita el escrutinio público y se minimiza el ruido. Desde Civio se enteraron porque alguien les avisó por redes sociales. Si no llega a ser por ese aviso, la maniobra pasaba desapercibida mientras todos discutíamos sobre discapacidad. Una lección sobre cómo funcionan las cocinas del Congreso.

Qué cambia exactamente la enmienda

Hasta ahora, la ley protegía la información que las farmacéuticas entregan a Sanidad durante las negociaciones: datos técnicos, económicos y financieros. Tiene cierta lógica: las empresas negocian con datos que consideran estratégicos. Pero la enmienda va mucho más allá. Propone blindar «los acuerdos de financiación que se alcancen, así como la información derivada de los mismos o de su aplicación, incluyendo los precios de adjudicación de los contratos de suministro». Es decir, el resultado mismo de la decisión pública pasaría a ser secreto por ley. La resolución administrativa que fija cuánto pagamos por un tratamiento, oculta. El precio unitario que figura en los contratos, oculto.

No existe precedente de algo así en la contratación pública española. La Ley de Contratos del Sector Público obliga a publicar los precios de adjudicación. En ningún otro ámbito se ha blindado legalmente el coste de un suministro financiado con dinero de todos. Si esto sale adelante, cualquier empresa que contrate con la administración podría pedir el mismo tratamiento. El agujero sería enorme. Y la excusa de publicar «datos agregados» o «información accesible» no engaña a nadie: son cortinas de humo para que no sepamos cuánto cuesta realmente cada fármaco.

Los verdaderos beneficiarios

La justificación de la enmienda habla de proteger la «capacidad negociadora del Estado» y menciona la «cláusula de Nación Más Favorecida» impulsada por Estados Unidos. Son los mismos argumentos que lleva años esgrimiendo la industria farmacéutica. De hecho, son exactamente los mismos que Novartis utilizó ante el Tribunal Supremo para oponerse a que Civio accediera a los precios del Zolgensma, uno de los medicamentos más caros del mundo. La coincidencia es sospechosa: Novartis presentó su escrito el 10 de marzo de 2026. Dos días después, se publicó la enmienda. Casualidades que da la vida.

La Organización Mundial de la Salud, en su resolución WHA 72.8, sostiene exactamente lo contrario que la enmienda. La transparencia de precios no debilita la posición negociadora de los Estados: la refuerza, porque reduce la asimetría informativa entre administraciones y farmacéuticas. La opacidad protege a quien tiene más información, que son las empresas. El Estado negocia a ciegas mientras las compañías saben lo que cobran en todos los países. Blindar el secreto es regalarles la partida antes de empezar.

Y luego está la amenaza velada. En su escrito, Novartis advierte de que si los precios fueran públicos, «algunas compañías decidan no ofrecer sus nuevos productos al SNS». Traducción: o aceptan nuestras condiciones opacas o se quedan sin medicamentos. Es legítimo que una empresa defienda sus intereses ante un tribunal. Lo que no es aceptable es que esa presión determine la política legislativa del Estado. Pero aquí estamos: con una enmienda que da exactamente lo que pide la industria.

Lo que está en juego

Esta no es una batalla técnica entre juristas. Es una batalla sobre quién controla la información cuando se gasta dinero público. Si el Estado paga, la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto y en qué condiciones. Eso se llama transparencia, y es un principio básico en cualquier democracia que se precie. La propia ley del medicamento, en su artículo 7, consagra «la máxima transparencia» como principio rector. El artículo 106.2 declara que la información de compras hospitalarias «es de dominio público». La enmienda borra esa distinción de un plumazo.

Para Latinoamérica, la jugada debería servir de advertencia. Lo que hoy ocurre en España puede replicarse mañana en cualquier país de la región. Las farmacéuticas operan igual en todos lados, los argumentos son los mismos y las presiones también. Si en España se cuela la fórmula de blindar precios en leyes ajenas, acá también lo intentarán. La diferencia es que en América Latina los sistemas de salud suelen tener menos músculo negociador y más dependencia de importaciones. El riesgo de pagar sobreprecios sin saberlo es todavía mayor.

Desde Plétora Network seguiremos atentos a cómo evoluciona esta enmienda. De momento, Civio ha enviado cartas a los 51 miembros de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo y a los 47 de Sanidad. Les piden que voten en contra, que no interfieran con la decisión del Tribunal Supremo y que, si quieren reformar algo, lo hagan hacia la transparencia, no hacia el secreto. Veremos si los diputados escuchan o si, como tantas veces, prefieren mirar hacia otro lado mientras se negocia con dinero público a espaldas de los ciudadanos.