Gaming: La Adicción Fantasma Y El Impuesto Ficticio

El gaming como enfermedad masiva se derrumba ante los datos, dejando al descubierto una política fiscal basada en el prejuicio, no en la evidencia.

Un impuesto del 8% a los videojuegos “violentos”. Una medida presentada bajo el manto de los “impuestos saludables”, para proteger la frágil salud mental de una nación supuestamente en riesgo. El diagnóstico previo: una epidemia de adicción al gaming. El tratamiento: gravar el síntoma. Solo había un problema: la enfermedad, según los propios datos oficiales, casi no existía. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025 mostró el espejismo: del 23% de mexicanos que jugó en el último año, solo el 0.9% cumplió criterios de trastorno. Entre adolescentes, el grupo más señalado, la cifra fue de 1.2%. Entre adultos, 0.7%. La base estadística para el impuesto era tan sólida como un castillo de naipes.

El espectáculo que siguió fue un manual de retroceso político en cámara rápida. La presidenta Sheinbaum anunció la suspensión del cobro, pero la justificación fue más reveladora que la decisión misma: “Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto? O sea, ¿quién va a determinar esa circunstancia?”. La pregunta llegó después de que la ley ya estaba aprobada. La lógica legislativa se redujo a un absurdo: crear un gravamen para un producto que el propio Estado es incapaz de definir. No fue el dato de la Encodat lo que tumbó el impuesto, fue la imposibilidad burocrática de fiscalizar su propia invención.

De la estigmatización al estímulo fiscal: el giro de 180 grados

La contradicción alcanzó su punto más cínico el 31 de diciembre, cuando la Presidencia publicó en el Diario Oficial un estímulo del 100% al IEPS para los videojuegos. En cuestión de semanas, el producto pasó de ser un peligro público desincentivado a una actividad merecedora de un subsidio fiscal total. El péndulo no se movió por una nueva evidencia científica, sino por la cruda realidad de un imposible administrativo y la presión de una comunidad que vio cómo la legislación los criminalizaba con base en prejuicios.

El contraste entre la narrativa inicial y los datos no podría ser más brutal. Mientras el discurso oficial pintaba un panorama de jóvenes en riesgo, las cifras mostraban que el 98.8% de los adolescentes gamers no presentaba el trastorno. La OMS puede tener su clasificación, pero su aplicación como justificación para una política fiscal masiva en México carecía de todo sustento epidemiológico local. Se intentó medicalizar y gravar un pasatiempo partiendo de una prevalencia mínima, ignorando que el verdadero “patrón de comportamiento” problemático fue, quizás, el de legislar a partir de titulares alarmistas y no de realidades medibles.

Ahora, la iniciativa para derogar el impuesto llega cuando este ya es un cadáver político. El ciclo se cierra: una solución en busca de un problema, un impuesto sin objeto definible, una retirada técnica y no de fondo. Para Plétora Network, la comunidad gamer no ganó una batalla cultural; fue testigo de cómo un argumento basado en datos pudo más que una narrativa basada en el miedo. El trastorno real, parece, estuvo siempre en el proceso, no en el joystick.