Ley Federal de Cine y el Audiovisual 2026: El cambio de paradigma que no llega a la periferia

Ley Federal de Cine y el Audiovisual 2026 promete derechos culturales mientras olvida los municipios sin pantallas

El gobierno presentó la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual 2026 como el cierre definitivo del modelo neoliberal de 1992. La intención es poderosa: dejar atrás la lógica de la obra como mercancía y colocar el cine en el terreno de los derechos culturales. Es una visión que vale la pena defender, porque reconoce que la cultura no es un lujo sino un componente esencial de ciudadanía. Pero como suele ocurrir con las grandes transformaciones, el reto no está en la declaración, sino en la capacidad de convertir esa visión en realidad. Y ahí es donde la distancia entre lo anunciado y lo posible sigue siendo tan amplia como la que separa la Cineteca Nacional de cualquier municipio sin una sola sala de cine.

El documento habla de “diversidad como participación”, de “miradas, lenguas y territorios”. Conceptualmente es impecable: reconoce que la pluralidad cultural no se decreta, se construye. Sin embargo, cuando se buscan los mecanismos, el mapa se vuelve difuso. Reconocer el derecho cultural al cine es un avance histórico, pero ese derecho no se ejerce en el Diario Oficial: se ejerce viendo películas. Y para ver películas se necesita infraestructura mínima —pantallas, proyectores, conectividad— que hoy simplemente no existe en miles de municipios. En esos territorios, el cambio de paradigma no se traduce en acceso real. El derecho está ahí, pero las condiciones materiales para ejercerlo siguen ausentes. Es como proclamar el derecho a la lectura sin bibliotecas, o el derecho a la movilidad sin transporte público.

La iniciativa mantiene el 10% de exhibición obligatoria para cine nacional, con revisiones semestrales para garantizar “horarios equitativos”. Es un gesto que intenta corregir décadas de programación marginal, pero la experiencia demuestra que las multisalas han perfeccionado el arte de cumplir en papel sin cumplir en la práctica. Ajustes semanales suenan bien, pero sin mecanismos de supervisión robustos, la autorregulación de la industria difícilmente transformará la realidad de las funciones relegadas a horarios imposibles. La ley reconoce el problema, pero no termina de enfrentarlo.

Con las plataformas ocurre algo similar. La obligación de una “sección visible permanente” para cine mexicano es, en el mejor de los casos, un recordatorio simbólico. El verdadero cuello de botella es el algoritmo, esa maquinaria silenciosa que decide qué ve la gente. Mientras no haya obligaciones de recomendación, transparencia o cuotas de visibilidad, esa sección será una vitrina que nadie visita. Y sin visibilidad no hay audiencia; sin audiencia no hay industria. La ley toca la superficie del problema, pero evita entrar al terreno donde realmente se define el consumo cultural contemporáneo.

El financiamiento tampoco queda del todo claro. La ley afirma que FOCINE queda “garantizado”, pero luego matiza: “incremento progresivo sujeto a disponibilidad”. Eso no es una garantía, es una aspiración presupuestal. Si la intención del gobierno es fortalecer la producción nacional —y todo indica que sí lo es—, entonces se necesita blindar el financiamiento con mayor claridad. La visión está, pero el instrumento queda frágil, expuesto a los vaivenes anuales del presupuesto y a las prioridades cambiantes del Congreso.

El capítulo de inteligencia artificial es, sin duda, uno de los puntos más sólidos. Reconoce la voz como herramienta artística, exige consentimiento y establece sanciones. Es un avance que responde a demandas legítimas del sector, especialmente después de los abusos documentados en 2025. Pero incluso aquí la regulación se queda corta frente a la velocidad tecnológica. No aborda modelos entrenados con datasets masivos sin consentimiento, ni el uso de IA en publicidad, videojuegos o deepfakes. Tampoco protege la imagen corporal completa. Es un buen inicio, pero corre el riesgo de nacer obsoleto si no se amplía pronto.

Y llegamos al corazón del problema: la infraestructura. Si el cine es un derecho cultural, entonces el Estado debe garantizar las condiciones materiales para ejercerlo. Eso implica pensar en cines comunitarios financiados públicamente, circuitos móviles de proyección que lleguen a plazas y escuelas, centros culturales equipados, incentivos fiscales reales para abrir salas en zonas marginadas, acceso digital subsidiado y una estrategia de conectividad que no dependa únicamente de la lógica comercial. Nada de esto aparece en la ley. Y sin esto, el derecho cultural corre el riesgo de quedarse en el perímetro urbano, justo donde ya existía. La ley regula lo que ya está funcionando en las ciudades, pero no construye lo que falta en el resto del país.

El Congreso tiene ahora la oportunidad de corregir el trazo: incorporar criterios territoriales, mecanismos de supervisión, garantías presupuestales y una estrategia real de infraestructura cultural. La presidenta Sheinbaum ha puesto sobre la mesa una visión necesaria y profundamente progresista; corresponde a legisladores, instituciones y al propio sector convertir esa visión en política pública efectiva. El cine como derecho cultural es una idea poderosa, pero para que sea universal primero hay que llevar una pantalla a donde nunca ha habido una. Solo entonces la ley dejará de ser un documento aspiracional y podrá convertirse en una herramienta real de democratización cultural.