Violencia machista: El arma reglamentaria

Violencia machista en las fuerzas del orden: 15 casos en tres meses que la democracia prefiere ignorar

Entre diciembre y febrero, mientras los titulares se enfocaban en la inflación o la guerra en Ucrania, en el Estado español ocurría algo que merece mirada más atenta: quince agentes de diferentes cuerpos policiales —nacionales, locales, guardias civiles y un alto mando— se vieron implicados en delitos de violencia machista. Quince. En tres meses. Y no, no son casos aislados por mucho que el sistema insista en tratarlos como tal.

Empecemos por arriba. El 17 de febrero, el máximo responsable operativo de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, presentó su dimisión. El motivo: un juez admitió a trámite una querella contra él por agresión sexual. El mismo día, saltaba la noticia de que el jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares, Luis Antonio Moreno, estaba siendo investigado por violencia de género y maltrato familiar. Dos mandos, dos denuncias, el mismo día. Casualidades que la prensa titula por separado.

La lista sigue con el teniente de la Guardia Civil detenido en Valencia a finales de enero: su expareja denunció maltrato y tres agresiones sexuales durante los cuatro meses que duró la relación. Una de las violaciones ocurrió en su propio chalé. El agente ahora lleva tobillera GPS. O el policía local de Ceuta que mató a su esposa de un disparo y cuyo juicio acaba de ser anulado por «falta de motivación» del jurado. Disparo a quemarropa. Habrá que repetirlo, por si acaso.

Y luego está el caso del guardia civil que en marzo de 2020 encañonó a su exmujer y al hombre que la acompañaba, la pateó en el suelo y después persiguió en coche al otro tipo simulando dispararle. El Tribunal Supremo confirmó su expulsión del cuerpo hace apenas unas semanas. O los dos policías locales sentados en el banquillo en Almería, acusados de prostituir menores junto a un exmilitar. O el agente de la Policía Nacional detenido en Valencia por tocar los pechos a una compañera en prácticas durante una comida de Navidad.

Podríamos seguir. El intendente de Alicante detenido por violencia de género. El guardia civil que se inventó una operación secreta cuando lo pillaron en un prostíbulo durante una redada. La condena del TEDH a España por la manipulación policial de pruebas en dos violaciones en Iruñea, donde uno de los agresores resultó ser cuñado de un agente. El policía municipal de Bilbao que colocó un GPS a su expareja para controlar sus movimientos. El guardia civil readmitido por un error administrativo de Defensa después de haber sido condenado por violencia machista.

El argumento fácil sería decir que son individuos, que en cualquier colectivo hay manzanas podridas, que la proporción es la misma que en la población general. Pero aquí hay un detalle que conviene no pasar por alto: estas personas no son «población general». Son ciudadanos a los que el Estado entrega un arma, una placa y la autoridad para perseguir el delito. Son los encargados de protegernos de los crímenes que ellos mismos están cometiendo.

Plétora Network lleva tiempo señalando que cuando se unen los puntos, el dibujo que emerge incomoda. Porque si sumamos estos quince casos a la derechización general de los cuerpos policiales, a los discursos de odio que calan en las comisarias y a la impunidad que otorga el corporativismo, el resultado es un problema estructural del que nadie quiere hablar.

La democracia española sigue funcionando exactamente como la programaron en 1976. Con sus fuerzas del «orden» haciendo exactamente lo que les da la gana. Y si no cunde el pánico, es solo porque a nadie le interesa unir los puntos.