Mujeres Decentes y la Máquina del Dinero Público

Mujeres decentes: un eslogan piadoso que esconde un negocio de conversión, explotación y financiación estatal.

 El centro Vida Nueva en Navarra opera bajo esta premisa, transformando «hijas problemáticas» en sumisas esposas cristianas, todo ello con el respaldo de fondos públicos y derivaciones de la sanidad.

La fachada legal de una estructura sectaria

La Asociación Cristiana Vida Nueva, fundada por Luis Nasarre y Maricarmen Sotés, presenta dos caras públicas: una iglesia evangélica y un centro de rehabilitación para personas con adicciones y problemas de salud mental. Esta segunda faceta es la que le permite acceder al erario público. Según los registros oficiales, solo en 2025 ha recibido más de 172,000 euros de diferentes ministerios y del Gobierno de Navarra.

El mecanismo es tan simple como eficaz. Aunque el Departamento de Salud de Navarra afirma no tener un concierto formal con el centro, sus propios responsables admiten que se realizan derivaciones directas desde salud mental pública y servicios sociales. Casi el 21% de los 134 «pacientes» atendidos en 2024 llegaron a través de instituciones públicas, según la memoria del propio centro. El usuario, o sus tutores, pagan una mensualidad (200-300€), mientras el centro recibe subvenciones por «acción social». Un negocio redondo con el sello del Estado.

El «tratamiento»: sumisión, exorcismos y trabajo gratuito

El informe de Newtral, basado en testimonios de víctimas como Mónica (encerrada durante diez años), describe un sistema de control coercitivo. Las internas, muchas catalogadas como «problemáticas» por sus familias, son sometidas a un proceso de anulación de la voluntad:

• Control absoluto: Al ingreso, se les asigna una «sombra», otra interna que las vigila constantemente. Se les prohíbe hablar con sus familias durante el primer mes.
• Castigos y tortura psicológica: Encierros en sótanos, imposición de dietas que agravan sus condiciones médicas (como obligar a una celíaca a comer gluten) y castigos por «actos impuros» como la masturbación.
• Terapias de conversión encubiertas: A través de «imposición de manos» o exorcismos, se intenta «liberarlas del demonio de la homosexualidad y la rebeldía». El objetivo final, según los testimonios, es convertirlas en «mujeres decentes»: casadas con un hombre, dedicadas al hogar, sumisas y obedientes.
• Explotación laboral: Las internas realizaban tareas de limpieza en empresas externas (clínicas, ópticas) sin estar dadas de alta en la Seguridad Social ni recibir salario. El centro cobraba por esos servicios.

Intrusismo profesional y el silencio de las instituciones

La estructura se sostiene gracias a un aparente vacío legal y negligencia institucional. El centro cuenta con un «Gabinete Vida» donde una médica, María Garzón, se presenta como especialista en Psicología Clínica sin tener la titulación en Psicología ni el Máster Oficial que la habilita, según confirmó el Consejo General de la Psicología. Esto constituye un claro caso de intrusismo profesional.

A pesar de las denuncias implícitas en su propio funcionamiento y de la condena por intrusismo de una persona vinculada (Lola Montes, hermana de una responsable), el centro sigue operando y recibiendo dinero público. Las administraciones se escudan en la falta de un «concierto formal», mientras permiten y, con sus derivaciones, avalan una práctica que varias comunidades autónomas ya han tipificado como delito: las terapias de conversión.

El sistema encuentra aquí su máxima contradicción: subvenciona y deriva ciudadanos vulnerables a una entidad que, bajo el paraguas de la rehabilitación, practica un adoctrinamiento ideológico y la explotación. La etiqueta de «problemáticas» que traen las víctimas desde sus hogares es solo el ticket de entrada para una maquinaria que las redefine como mano de obra gratuita y futuras esposas sumisas, todo financiado con fondos europeos y autonómicos. El Estado, en su papel de benefactor, se convierte así en el cómplice necesario de una secta.